Durante una conferencia de prensa publicada recientemente por la revista SemanaEl exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que los indultos otorgados al grupo guerrillero M19 (Movimiento 19 de Abril) como parte de su desmovilización -y que incluyeron hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985- fueron derogado disposición posterior, por lo que se pudo reanudar el proceso penal correspondiente.
¿Qué pasó y cuál es el principio?
La historia es la siguiente. En 1989, bajo la conocida Ley No. 77 de 1989, el Estado colombiano otorgó indultos a miembros del M19 como parte del proceso de paz y desmovilización. Martínez, sin embargo, sostuvo en su discurso que las normas en cuestión fueron retiradas del ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 2085 de 2021, que es una disposición de «depuración legislativa» que eliminó del ordenamiento jurídico colombiano normas que, a su juicio, eran contrarias a la Constitución. “La Ley de Indulto fue derogada por la Ley N° 2085 de 2021”. – dijo el ex fiscal.
Argumentación jurídica y constitucional
Martínez sostiene que los indultos otorgados a miembros del M19 no pueden cubrir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, que no son elegibles ni elegibles para el indulto según la Constitución colombiana y el derecho internacional. «La ley no puede perdonar estos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sería inconstitucional», aseguró.
Por tanto, al considerarse el principio de indulto contrario al bloque constitucional, el hecho de su retirada del sistema significaría que ya no produce efectos jurídicos en forma de inmunidad o cierre automático de la investigación, según su planteamiento.
Implicaciones prácticas e investigación.
Si su afirmación es correcta y se deroga la norma de indulto, se abrirá la posibilidad reactivar procesos penales o transicionales contra exmiembros del M19 en relación con los hechos del Palacio de Justicia, tanto en términos de responsabilidad individual como de mando, lo que -desde la perspectiva de Martínez- dejaría sin protección jurídica el indulto del que alguna vez disfrutaron. “La justicia podría reanudar los juicios relacionados con los hechos ocurridos en Palacio”, afirmó.
De hecho, Martínez aludió directa o indirectamente al papel del actual presidente Gustavo Petro, señalando que «están tratando de reescribir la historia frente al país, insultando gravemente a las víctimas».
Contexto político y mediático
La declaración de Martínez cobra particular importancia en el marco del debate sobre la memoria histórica en Colombia, la responsabilidad de los actores armados y el cumplimiento de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto también sucede en un entorno donde recientemente se han pedido explicaciones sobre lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, y en este contexto los indultos al M19 representan un punto crítico.
Cabe destacar que Martínez, quien fue fiscal general, es apreciado por su postura crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro, lo que suma premonición política en la opinión pública.
Consideraciones analíticas
- La derogación de la Ley de Indulto no significa automáticamente la reapertura de todos los juicios: esto dependerá de qué tan clara sea la derogación, qué efectos retroactivos se le asignen y cuál sea la interpretación que hagan los jueces de los derechos adquiridos o cosa juzgada.
- Martínez asume que la derogación es clara y que los crímenes cometidos encajan en el perfil de quienes no pueden ser indultados (contra la humanidad/crímenes de guerra). Esta interpretación puede estar sujeta a controversia.
- Víctimas y familiares de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia están particularmente interesados en esta narrativa: una posible reactivación del juicio abriría nuevas vías para buscar justicia, pero también podría desatar nuevas controversias jurídicas.
- Desde el punto de vista político, la alusión al presidente Petro y a «reescribir la historia» sitúa el asunto al nivel de una disputa simbólica, no puramente jurídica.
¿Qué sigue?
Habrá que esperar un fallo judicial o del Congreso que confirme, rechace o modifique la interpretación de Martínez. También será crucial determinar si la derogación implicó algún mecanismo especial para ratificar hechos ya establecidos o si abrió la puerta a nuevas investigaciones. Al mismo tiempo, las víctimas seguirán exigiendo mayor transparencia y acción judicial en relación con los hechos de 1985, lo que coloca este tema en el centro de la memoria histórica del país.
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