La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad de los Andes, se produjo la madrugada del 31 de octubre tras un ataque ocurrido cerca de una discoteca de la localidad de Chapinero en Bogotá. Según investigaciones y reconstrucciones oficiales, la víctima recibió fuertes golpes que le provocaron un traumatismo craneoencefálico y la muerte varias horas después en un centro de salud.
Durante las primeras actividades, las cámaras de vigilancia -tanto del establecimiento como de la vía pública- registraron un ataque en el que participaron al menos dos hombres. Con base en estas grabaciones y testimonios, la fiscalía logró la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue imputado como coautor de la comisión del delito de homicidio agravado. Sin embargo, la segunda persona, identificada en reportajes periodísticos como Ricardo González (o variantes del nombre en las versiones originales), sigue prófugo y, según un informe confidencial publicado por la unidad investigadora, podría tener vínculos con su residencia y origen en Cartagena.
El informe confidencial, al que tuvieron acceso los medios, contiene información básica y declaraciones que pusieron al actualmente buscado en diversas situaciones antes y después del hecho: testigos del sector y comerciantes declararon que lo vieron comentando la pelea, y según versiones periodísticas, en su círculo más cercano había declarado haber «enturbiado el asunto», lo que algunos testigos interpretaron como una confesión. Esta documentación también incluye verificación de identidad y consejos sobre posibles rutas de viaje a la región del Caribe, lo que explicaría por qué las autoridades están centrando parte de la búsqueda en Cartagena y sus alrededores.
El contexto en el que ocurrió el ataque se suma a los factores que tensaron el caso: la pelea supuestamente comenzó luego de salir de una fiesta de Halloween realizada en un bar conocido como Before Club, ubicado en la calle 64 y Avenida Caracas (Chapinero). El lugar, que ha sido objeto de investigación en los últimos días debido a que fue el lugar de donde salieron víctimas y agresores, manifestó su disposición a cooperar, al tiempo que enfatizó que el incidente ocurrió fuera del área de operaciones de la planta. Por su parte, las autoridades ordenaron medidas administrativas -incluido un precinto temporal- y recogieron pruebas que los investigadores consideran cruciales, como imágenes de vídeo de cámaras cercanas y declaraciones de los participantes.
El informe confidencial detalla la dinámica del ataque: describe que la víctima fue golpeada con repetidos golpes, algunos en la vía pública y otros en una acera cercana, y que la intervención de transeúntes y un testigo quedó documentada en audio y video. La fiscalía y la policía también están analizando versiones sobre si existió un factor desencadenante previo, p. una discusión por un taxi o un enfrentamiento en un bar, lo que forma parte de la hipótesis de que los investigadores contrastan las pruebas.
En materia de investigación, las autoridades han avanzado en la imputación de detenidos y exigencia de medidas de seguridad; Mientras tanto, continúa la búsqueda del prófugo. Fuentes judiciales indican que de confirmarse las grabaciones de video y los testimonios, el capturado podría ser imputado con altas penas por homicidio agravado. Paralelamente, la Fiscalía continúa recabando pruebas -peritos judiciales, conversaciones telefónicas, fotografías y testimonios- para reforzar las pruebas que se presentarán en la etapa de juicio.
Repercusiones públicas y políticas: El caso tuvo un impacto social y político. Los vínculos del local (Before Club) con la congresista María del Mar Pizarro -por su relación con el dueño del bar, según informes de la investigación- desató un debate sobre las responsabilidades de las discotecas, los controles de aforo y la necesidad de protocolos de seguridad en los eventos estudiantiles. Autoridades locales y universitarias anunciaron cooperación en investigaciones y acciones preventivas para evitar incidentes similares.
¿Qué significa descubrir tu residencia en Cartagena?
El hecho de que el presunto prófugo tenga conexiones en Cartagena complica la búsqueda y requiere de una coordinación interinstitucional entre las autoridades de Bogotá y la policía nacional de la costa Caribe. Además, abre la posibilidad de que los acusados utilicen las redes de apoyo locales para esconderse, lo que explica la circulación de advertencias y el control de cámaras y registros migratorios internos. Las fuentes utilizadas en el informe enfatizan la importancia de la evidencia científica y pericial para respaldar cualquier acusación más allá de las versiones testimoniales.
Estado actual y próximos pasos hacia la justicia:
- Recolección y examen de materiales videográficos y forenses.
- Análisis de comunicación y movilidad de fugitivos.
- Entrevistas con testigos y participantes de los hechos.
- Coordinación con autoridades de Cartagena para limitar rutas de escape.
La Fiscalía reiteró que no escatimará medios para localizar y someter a la justicia a todos los responsables, con el objetivo de realizar un juicio basado en pruebas sólidas que permitan establecer responsabilidades penales y administrativas.
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