Pasado 7 de octubre de 2025en una zona rural del municipio de Frontino (Departamento de Antioquia), dentro de la instalación militar conocida como Base Militar Antorcha – dependiente del Ejército Nacional de Colombia y adscrita al Batallón de Infantería No. 32 “General Pedro Justo Berrío” – se produjo la muerte de un civil conocido como Esneider Flórez Manco, de aproximadamente 26 años de edad, quien al parecer presentaba déficits cognitivos y era conocido en la comunidad local por su enfermedad.
Los hechos son gravísimos: según informes oficiales, uniformados de esta unidad militar detuvieron al señor Flórez al comprobar que se encontraba «merodeando» cerca de la base militar -donde no es común el tránsito civil-, lo introdujeron al recinto, y durante la detención presuntamente lo golpearon brutalmente, lo que le provocó la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue arrojado en la quebrada Las Ánimas, unos metros frente a la base.
La investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación en conjunto con el Juzgado Penal Militar y la Policía condujo a la emisión de órdenes de aprehensión contra nueve soldados en servicio activoentre ellos un teniente, un subteniente y varios soldados profesionales. Los delitos que se les imputan son: homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó en un comunicado que este tipo de hechos «se desvían de toda ética» de las Fuerzas Armadas, que son una excepción pero que deben ser castigados severamente para mantener la confianza de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro.
Este es un tema que toca varios ejes clave: el uso de la fuerza en zonas militares, los derechos de los civiles en presencia de la fuerza pública, la transparencia institucional, la rendición de cuentas y los mecanismos de control militar en Colombia. Estos hechos tuvieron lugar en un contexto en el que las fuerzas armadas están sujetas a escrutinio por abusos, lo que hace que este incidente sea particularmente significativo.
Puntos clave del caso:
- Víctima: Esneider Flórez Manco, de 26 años aproximadamente, con deterioro cognitivo especial, residente en Frontino.
- Lugar y día: Base Militar de Antorcha, comuna de Frontino, Antioquia; 7 de octubre de 2025
- Actores: Nueve soldados de la 4ª Brigada del Ejército Nacional asignados al 32º Batallón de Infantería.
- Delitos investigados: homicidio agravado, tortura agravada, desaparición forzada agravada.
- Estado del proceso: Los militares fueron separados de sus funciones y puestos a disposición de la Justicia y Policía Militar.
- Influencia institucional: El Ejército Nacional ha emitido declaraciones negando los hechos y el gobierno enfatiza la responsabilidad institucional.
¿Por qué es importante?
Este incidente no sólo expone un presunto crimen contra un civil indefenso, sino que también plantea interrogantes sobre la cadena de mando, el control del uso de la fuerza, la protección de personas indefensas frente a las fuerzas estatales, la transparencia de los procesos internos de las Fuerzas Armadas y los procesos de rendición de cuentas en Colombia. De manera similar, puede tener consecuencias para la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y la supervisión internacional de los derechos humanos en el país.
Próximos pasos esperados:
- Investigación continua por parte de la Fiscalía y Juzgado Penal Militar, con imputación formal, audiencias de fianza y posible juicio militar/ordinario.
- Determinar las responsabilidades administrativas en el Ejército Nacional, incluidos los gerentes de nivel medio que puedan haber experimentado negligencia u ocultamiento.
- Evaluar el cumplimiento de los protocolos de detención, uso de la fuerza y trato a civiles por parte de las fuerzas armadas.
- Indemnización o apoyo a los familiares de la víctima si se confirman los hechos, y seguimiento del juicio público para evitar la impunidad.
En conjunto, este caso sirve como una advertencia sobre la fragilidad del control interno en zonas militares remotas y coloca la protección de los derechos humanos en el centro de atención, incluso en un contexto de seguridad. Para restaurar la confianza institucional y garantizar que eventos similares no vuelvan a ocurrir, es esencial que el proceso sea transparente y las sanciones ejemplares.
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