El ministro Andrés Barrios ha lanzado una fuerte crítica a la oficina de Bogotá tras condenar el estado de los 310 compartimentos multirondeadores que fueron establecidos entre mayo y diciembre de 2024. Alarmantemente, se ha revelado que, de estos, 86 ya no están en operación a principios de este año. Barrios ha señalado que las cámaras utilizan tecnologías que presentan múltiples problemas y fallas energéticas, lo que pone en duda su efectividad en el contexto de la estrategia de seguridad implementada en Bogotá.
Barrios no escatima palabras al afirmar: «Es irrazonable después de tanta inversión, que estas cámaras no duren ni un año». Su comentario subraya la frustración que siente por el fracaso en la implementación de un sistema que debería proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía. Las cámaras, que han sido proyectadas para estar interconectadas con el control, la gestión, la comunicación y el centro de computadoras (C4), se enfrentan a riesgos de errores técnicos significativos, los cuales afectan directamente a la seguridad de los ciudadanos que dependen de este sistema para su protección.
El manejo ineficaz y la falta de mantenimiento de estas cámaras han llevado a cuestionar la responsabilidad de la administración local en la garantía del funcionamiento adecuado de este sistema de vigilancia esencial. El ministro Barrios instó con firmeza a la oficina de Bogotá a asumir la responsabilidad por los problemas existentes y a tomar medidas efectivas para asegurar que las cámaras puedan cumplir con sus funciones adecuadamente. En un contexto en el que la seguridad ciudadana es primordial, es inaceptable que la inversión en tecnología moderna no rinda los frutos esperados.
Este incidente refleja un problema más amplio en la gestión de la seguridad en Bogotá, donde la implementación de tecnologías avanzadas a menudo se ve comprometida por la falta de mantenimiento, capacitación y supervisión. Las deficiencias en el funcionamiento de estas cámaras de seguridad no solo ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sino que también pueden dar lugar a la impunidad de delitos, al dificultar la labor de las fuerzas de seguridad. La administración de la ciudad tiene la obligación de asegurar que las herramientas tecnológicas implementadas sean efectivas y útiles en la lucha contra la criminalidad.
Es crucial que se realicen auditorías regulares y se invierta en los recursos necesarios para mantener estos sistemas operativos. La seguridad de los ciudadanos no debe ser una cuestión de presupuesto limitado, sino una prioridad indiscutible que se traduce en inversiones duraderas y efectivas. La instalación de sistemas avanzados de vigilancia debería ser acompañada de un plan sólido y sustentable que prevea el mantenimiento a largo plazo de dichos sistemas. Sin este enfoque, las políticas de seguridad en Bogotá corren el riesgo de ser meras ilusiones sin el respaldo de una infraestructura que funcione adecuadamente.
3
