Gustavo Petro reactiva su llamado a la convocatoria de una Asamblea Constituyente tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe por parte de un tribunal colombiano. – ADICIONAL – Noticias ultima hora

Tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Bogotá, el presidente Petro convocó a la ciudadanía a concentrarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes a las 16:00 comenzar a recoger firmas para una posible «Asamblea Nacional Constituyente».

En sus mensajes señaló que la absolución representaba una «historia secreta del manejo paramilitar en Colombia» y acusó al tribunal de legitimar ese pasado.

Según Petro, la convocatoria de firmas tiene como objetivo activar lo que llama el «poder constitucional» de los ciudadanos ante -en su opinión- bloqueos institucionales.

Aspectos críticos y contexto

  • La idea de una Asamblea Constituyente no es nueva para su gobierno: en meses anteriores ya propuso un mecanismo de reforma constitucional o consultas públicas relacionadas.
  • Expertos constitucionales y sectores de la oposición advierten que esta convocatoria plantea serios obstáculos legales: la Constitución de 1991 no prevé un mecanismo sencillo para convocar una Asamblea Constituyente sin un proceso regulado.
  • La plataforma política de Petro vincula internamente la movilización social con las tensiones diplomáticas, como en su discurso vincula la absolución de Uribe a presiones o acusaciones de Estados Unidos.
  • Este llamado marca un nuevo capítulo de la polarización política en Colombia: la rápida respuesta del Presidente al fallo judicial pertinente, que traslada el debate al ámbito constitucional y social.
  • La recogida de firmas podría convertirse en una herramienta de presión política, más que en un procedimiento técnicolegislativo, y sirve como barómetro del nivel de movilización de la base política.
  • Esto también significa un riesgo de escalada institucional: si el discurso «constitutivo» continúa sin un camino claro, puede generar tensiones entre las autoridades públicas y cuestionamientos sobre la estabilidad de la democracia.

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