El proceso judicial contra el exgerente de Nueva EPS, acusado por el presidente Gustavo Petro de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, ha sufrido otro revés tras la suspensión de una audiencia de juicio político prevista para el martes en Bogotá. El proceso fue postergado por decisión del juez que conducía la audiencia, quien planteó problemas para notificar a una de las partes del proceso, lo que impidió avanzar en la formalización de los cargos. El retraso está ampliando las expectativas para un caso que ha puesto la transparencia en el sistema de salud de Colombia en el centro del debate.
El presidente Petro instó a que la investigación conduzca a consecuencias definitivas, señalando que detrás de la nueva administración de la EPS se han tejido redes de corrupción que afectan directamente los servicios a los usuarios. Mientras tanto, la defensa del exdirector sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas y el juicio fue manipulado por los medios de comunicación. La Fiscalía mantiene denuncias por presunta malversación de fondos y celebración de contratos que no cumplen con los requisitos legales.
La suspensión de la audiencia no sólo retrasa el avance del juicio, sino que también aumenta las tensiones entre el gobierno y el sector salud en momentos en que el poder ejecutivo impulsa una controvertida reforma sanitaria. Se espera que el Tribunal fije una nueva fecha para la reanudación del juicio en los próximos días. Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones de diversos sectores exigiendo al sistema de justicia actuar con rapidez y sin presiones políticas.
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