La Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de Gaula en la ciudad de Ibagué, en colaboración con la oficina de un fiscal especializada, ha llevado a cabo una operación decisiva contra el crimen organizado. Este esfuerzo ha resultado en la desarticulación de un grupo delictivo conocido como «Los LOS Final», que se dedicaba a la extorsión, utilizando modalidades asociadas a servicios falsos para llevar a cabo sus crímenes.
Tras más de diez meses de meticulosa investigación, en los cuales los agentes de Gaula llevaron a cabo 37 actividades judiciales e de inteligencia, la operación fue finalmente implementada. Las actividades incluyeron la intercepción de comunicaciones, entrevistas, inspecciones técnicas y consultas en bases de datos de compañías telefónicas, lo que permitió reunir las pruebas necesarias para llevar a cabo las detenciones.
En las primeras horas de la mañana, específicamente a las 05:00, más de 50 agentes uniformados asaltaron los distritos de San Martín y Jordán, el octavo escenario donde se ejecutaron las órdenes de captura. Durante esta operación, se invadieron dos viviendas y se arrestaron a tres hombres que eran prófugos de la justicia, acusados de diversos crímenes relacionados con actividades delictivas, incluyendo conspiración para llevar a cabo secuestros, uso ilegal de armas y otros delitos calificativos.
Los individuos capturados fueron identificados como:
Juan David López Bocanegra, conocido como «El Flaco», poseía antecedentes judiciales por varios delitos, incluyendo violencia doméstica y el uso de menores en actividades delictivas. «El Flaco» actuaba como el líder de esta estructura criminal, estableciendo contacto con las víctimas a través de redes sociales, donde ofrecía motocicletas a precios extremadamente bajos. Una vez que lograba captar el interés de una potencial víctima, los citaba en puntos alejados de la ciudad de Ibagué y la comuna de Alvarado para llevar a cabo sus fechorías.
Nelson Enrique Ospina Galicia, de 35 años, fue arrestado en la 46ª carrera del Distrito de San Martín. Su historial incluye delitos como la transferencia ilegal de armas de fuego y fraudes. En el esquema, Ospina tenía el rol de atraer a las víctimas hacia lugares donde inicialmente habían sido citadas por «El Flaco». Disfrazado de un simple administrador agrícola, fue responsable de trasladar a las víctimas a zonas rurales donde, junto con los otros cómplices, intimidaban a las personas utilizando armas de fuego.
Por otro lado, Ariel Herrera Osorio, de 51 años, fue capturado en la calle 74B del Distrito Jordán 8. Su papel en la organización era el de transportar a las víctimas en su vehículo particular, recogiendo personas en la ciudad de Ibagué y trasladándolas, en la mayoría de los casos, al área rural del distrito de Totumo.
El proceso de investigación comenzó tras la denuncia de una de las víctimas. La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina del Fiscal Especialista, abrió una investigación para identificar y捕ar a los responsables de esta modalidad de extorsión, que combinaba servicio falso, intimidación y amenazas para obtener dinero.
De acuerdo con la información recabada en la investigación, «El Flaco» fue el cerebro detrás del esquema delictivo, contactando a las víctimas a través de publicaciones en redes sociales sobre la venta de motocicletas. Una vez capturada la atención de alguien interesado, las víctimas eran citadas a un lugar donde un cómplice terminaría estableciendo contacto físico, llevando a las víctimas hacia áreas remotas de la ciudad, donde se intimidaban utilizando armas de fuego.
Al llegar a estas zonas rurales de Ibagué y el municipio de Alvarado, las víctimas eran amenazadas con armas para documentar pruebas visuales, tales como fotos y videos, que luego se enviaban a familiares cercanos como forma de presión para exigir dinero. Durante este tiempo, las víctimas eran retenidas entre cuatro y ocho horas, antes de ser liberadas sin sus pertenencias, desapareciendo finalmente del lugar tras el acto delictivo.
Las extorsiones llevadas a cabo por este grupo variaban entre cinco millones de pesos (USD 5,000) y hasta cien millones de pesos ($ 100,000), reflejando la gravedad y el alcance de sus operaciones criminales.
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