En Popayán la política parece ser el teatro de la sospecha. Once de los 19 funcionarios del Consejo, que el pasado 1 de octubre apoyaron a Daniel Muñoz, conocido por su trayectoria privatizadora de servicios públicos como Presidente del Consejo 2026, comparecieron el martes 7 de octubre exigiendo «independencia» y organismos de dignidad.
El foro despertó asombro y críticas entre los ciudadanos, pues estos mismos concejales han apoyado históricamente la prestación de servicios necesarios a manos privadas, en perjuicio de los intereses de la ciudad. Entre ellos, José Alexander Campo, que defiende desde hace años la privatización de las descripciones, la basura y las medidas de tráfico, y hoy exige respeto moral y autocontrol político.
Por otro lado, ocho concejales continuaron en línea con la votación de Luis Enrique Inchima, representante de un nuevo debate político con un cambio de rumbo. Sin embargo, varios recién llegados se unieron al sindicato de la privatización y demostraron que la renovación de la vieja política se diluye rápidamente.
Se revoca la situación sobre el futuro del servicio público en Popayán, pero otras ciudades como Medellín demuestran que mantener empresas públicas fuertes permite reinvertir las ganancias en programas sociales y de desarrollo. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es inevitable: ¿Cuánto dinero se pierde cada año en Popayán por la privatización de bienes públicos?
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