El ex alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, ha sido condenado a una pena de siete años y cuatro meses de prisión tras su implicación en un escándalo de corrupción que tuvo lugar durante su gestión entre los años 2016 y 2019. Esta sentencia resalta la gravedad de los actos de corrupción en los que estuvo involucrado, en un periodo donde las irregularidades en la administración pública estaban a la orden del día.
La decisión del tribunal lo encontró culpable de delitos de prioridad, resultando en el uso inadecuado del procedimiento y en la búsqueda de intereses inapropiados relacionados con la adjudicación y el cumplimiento de contratos que no seguían los requisitos legales establecidos. En particular, se examinó su manejo de la contratación de una obra para la construcción de un puente sobre el río Negro, en la localidad, donde se evidenció un manejo incorrecto que generó múltiples problemas legales y financieros.
En enero de 2016, el ex alcalde tomó la decisión de retirar unilateralmente el proceso de construcción y revisión de dicho puente, el cual había sido calificado como urgente. Sin embargo, lo que parecía ser una medida lógica en un primer momento rápidamente se convirtió en un proceso irregular. Apenas unos meses después, en abril de ese mismo año, dio una nueva declaración de urgencia para el mismo proyecto. Esto lo llevó a emitir en julio una nueva directiva para la contratación de obra por un monto exorbitante de más de $2.3 mil millones, y lo más controvertido de todo, sin realizar las llamadas públicas correspondientes ni atender los reclamos legales requeridos.
Pese a que presentó todos los documentos necesarios al ejecutivo de la República con la esperanza de conseguir apoyo, la respuesta del gobierno fiscal fue contundente: ni la declaración presentada en 2015 ni la de 2016 cumplían con los requisitos legales. Las pruebas mostradas por la oficina del fiscal revelaron que el procedimiento de urgencia se utilizaba como un mecanismo para satisfacer intereses de carácter especial, lo cual es inaceptable en cualquier administración pública.
El puente que dio origen a este escándalo había permanecido en estado de colapso durante más de 15 años desde que comenzaron los contratos irregulares relacionados con su construcción. Hasta la fecha actual, la obra permanece inacabada, lo cual es alarmante, considerando la cantidad millonaria de recursos que se han comprometido y el riesgo que esto implica para la seguridad y bienestar de la comunidad local.
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