El conocido anabista Jorge Bolívar ha manifestado su profunda preocupación por la existencia de más de 30 acuerdos de arrendamiento que siguen en vigor con diversas compañías. Esta situación lo llevó a solicitar una falta de restricciones en la junta, ya que a pesar de estos contratos, muchas necesidades sociales continúan sin atención adecuada. Su llamado pone de relieve la falta de recursos destinados a abordar cuestiones sociales críticas que afectan a la comunidad.
Entre los acuerdos de arrendamiento más onerosos se encuentran algunos contratos destacados que han levantado cejas en el ámbito administrativo. Por ejemplo, se menciona el contrato del Hotel Mystery SAS, que representa una cifra impresionante de $ 2,153 millones, destinado al Ministerio de Finanzas. Otro acuerdo significativo es el alquilado por Asian Agro Colombia SAS, que facilita el uso de la sede del Ministerio de Salud a un costo de $ 1,229 millones. También es notable el contrato de Transacciones Inmobiliarias, que tiene un valor de $ 1,4 mil millones para el Comité Motorio, mientras que Inverlyc SAS alquila instalaciones para el Ministerio de Educación a un costo de $ 1,191 millones. Estos elevados montos sugieren que hay prioridades que requieren atención y recursos más adecuados.
La situación no se limita a los contratos mencionados anteriormente; también incluyen acuerdos con otras firmas como Innova Marketing and Logistics, Nelson Castro y Cía SA, Infibagué, y Liquors Inter-American Escobar SAS, entre otros. La amplia gama de alquileres que han sido establecidos plantea preguntas sobre la gestión y la efectividad de estos gastos públicos.
Bolívar también advirtió sobre las preocupaciones relacionadas con posibles inconsistencias en los números de los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, existe ambigüedad en torno al valor mensual del contrato con el Ministerio de Salud, donde se reportan cifras de $ 82 millones a $ 122 millones. De manera similar, el contrato con el Hotel Dulima presenta confusiones sobre si se sitúa en un rango de $ 179 millones a $ 269 millones, lo que resalta la falta de transparencia en la gestión de estos recursos públicos.
El ministro también planteó dudas sobre posibles conflictos de interés en algunas de estas operaciones, indicando que «se dice que después de Bambalin, el hotel había adquirido a un político que colocó otro frente». Aunque no se ha comprobado esta información, de ser cierta representaría un serio impacto en la confianza pública.
El debate también abordó contratos con Light Millionaire y la Fundación IMIX, que ha recibido un total de $ 5,046 millones a través de siete contratos con la oficina del alcalde, Infibagué e Ibagué (USI). Bolívar recordó que esta unidad ya había sido cuestionada en el pasado por su participación en administraciones anteriores, lo que sugiere problemas que persisten en la gestión de recursos.
Además, el Ministro hizo un comentario curioso sobre la amplitud de los servicios ofrecidos por la agencia, que incluyen transporte, atención a la discapacidad y mano de obra, sugiriendo que, si bien es versátil, podría carecer de una especialización clara. Un dato alarmante que citó fue la firma de más de 3,600 contratos, lo que representa un costo de $ 140,000 millones, lo que plantea serias preguntas sobre el uso de recursos públicos, con la preocupación de que esto pueda ser una forma de remunerar costos políticos, incluso con personal que ha sido transferido de otros municipios.
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