En el corazón Confiable Colombian lucha una de las batallas sociales y ambientales más importantes del país: la defensa del río Patía, una de las arterias de agua más importantes para la diversidad biológica y la vida de las comunidades rurales. El proyecto de ley, que se esfuerza por el hecho de que el río y sus afluentes son reconocidos como entidades legales, con una representación legal, que garantiza su comportamiento, libre de contaminación y la capacidad de equilibrar con la naturaleza.
La propuesta también incluye la Declaración Superior de la Cuenca de Patía como una región excluida de la minería, ubicada en la corona de Macizo Colombiano, en la Facultad de Kauce. Del mismo modo, propone reconocer este territorio como un área de protección de producción de alimentos (APPA), asegurando que su vocación agrícola sea respetada y fortalecida en relación con los intereses mineros.
Uno de los líderes más representativos de este proceso es el profesor Oscar Gerardo Salazar, defensor de los derechos humanos y líder social del macizo colombiano. A lo largo de los años, cooperó con el proceso campesino y popular de la comuna de La Vega (PCPV), una asociación, un proceso popular de unidad colombiana de South -Zachod (Pupsoc) y grupos como la Asociación de Tierras de Somos Agua para consolidar un programa social que trata la atención del agua prioritaria, la cultura del conocimiento y la realización de los alimentos.
El profesor Salazar fue un promotor de las convenciones de agua populares, escenarios en los que la comunidad formuló propuestas políticas para ver la importancia del río Patía no solo como una fuente de vida regional, sino como una herencia ambiental estratégica para el país y el mundo.
«Patía no es un afluente simple; es un corredor importante que conecta Pacífico, Amazon, Andes y Biogeográfico Chocó. Su cuidado es necesario para la diversidad biológica, la soberanía de los alimentos y la vida en el planeta», dijo Salazar, recordando que proteger este río era una lucha histórica con jóvenes comunidades de la masa.
Gracias a esta Ley, los defensores del territorio esperan dar un paso decisivo en el reconocimiento legal y político de Patía, consolidando el modelo de protección que le permite equilibrar el desarrollo, la justicia ambiental y la defensa de la vida.
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