El Tribunal Constitucional ha admitido que está considerando los procedimientos de atención presentados por el presidente Gustavo Petro. Estos procedimientos se centran en la decisión emitida por el Consejo de Estado, la cual otorgó al Consejo Electoral Nacional (CNE) la autoridad para realizar un examen administrativo sobre las alleged irregularidades en la financiación de su campaña del año 2022. Esta situación ha generado un conflicto de intereses, ya que la tutela planteada por Petro podría desviar la atención de la Corte Suprema: ¿es el presidente quien debería examinar la validez de estos procedimientos?
El presidente Petro argumenta que la decisión del Consejo de Estado infringe su derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un juez natural, además de atribuirse derechos constitucionales como presidente en ejercicio. En su defensa, sostiene que el tribunal no tiene la competencia necesaria para llevar a cabo el examen relacionado con su campaña presidencial, considerando que estos procedimientos no pueden ser apropiadamente gestionados por un organismo que carece de la debida imparcialidad.
En este caso, el asunto fue manejado inicialmente por el juez Vladimir Fernández, quien ha sido secretario legal del presidente en el Palacio de Nariño y fue designado por Petro para que se haga cargo de este proceso en la Corte Suprema. Esta relación ha suscitado interrogantes sobre la posible imparcialidad y objetividad del procedimiento, poniendo en duda la capacidad de Fernández para actuar sin prejuicios.
¿Qué dice Petro en su defensa?
El presidente ha hecho énfasis en que la autorización para que la investigación continúe genera lo que él denomina «caos legal», el cual podría poner en riesgo la estabilidad institucional del país. En su defensa, menciona que la Comisión de la Cámara de Representantes es la entidad adecuada que tiene la responsabilidad de evaluar la conducta de los altos funcionarios y que cualquier examen realizado por el CNE carece de fundamento válido.
En su solicitud al Tribunal, el presidente le pide que anule el estado del Consejo de Estado, deteniendo la continuación del juicio y pidiendo a la sala de consulta que confirme su inhibición por falta de jurisdicción. Esto marca un punto crucial en el debate legal que gira en torno a las capacidades de los diferentes órganos del poder judicial.
Dentro de las pruebas requeridas por el juez se incluyen copias del acto de acusación y las revisiones judiciales correspondientes de este último organismo, lo que podría influir significativamente en el avance del proceso.
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¿Puede ser sancionado Petro? La tutela de Petro provoca un debate en la Corte Suprema: ¿Puede ser examinado?
Expertos en derecho constitucional han expuesto que, incluso si se encuentran irregularidades, No se tiene el derecho de despedir al presidente, sino que lo máximo que puede suceder son la imposición de sanciones administrativas, como multas o reembolsos de dinero. En esta dirección, el constitucionalista Primens Rodrigo ha expresado que la alegación de Petro sobre un supuesto «golpe legal» carece de fundamentos sólidos. Según el análisis realizado, aunque pueda haber divergencias respecto a la legalidad del proceso, esto no puede en modo alguno comprometer el mandato presidencial.
En adición, abogados como Hollman Ibáñez han advertido que cualquier decisión definitiva sobre las acciones de campaña de Petro no podría llevarse a cabo hasta después de 2026, año en el que se completa su mandato. Esto añade una dimensión temporal importante a todo el asunto.
La tensión entre Gustavo Petro y el sistema electoral colombiano continúa aumentando. El Tribunal Constitucional tendrá que determinar si suspenderá o permitirá que la investigación avance. Todo esto ocurre en el contexto de un intenso debate legal sobre la influencia política y la imparcialidad en un caso que involucra a alguien con un pasado en la Casa de Nariño, lo cual podría transformar la dinámica del poder en Colombia.
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