Como parte integral del modelo de servicio policial que se dirige a las personas y territorios, adaptándose a la estrategia e-Ppais, se llevó a cabo una operación de supervisión por parte del grupo de protección infantil y pubertad de la Policía Metropolitana en San Juan de Pasto. Esta actividad tuvo lugar en diversos casinos ubicados en el centro de la ciudad con un objetivo primordial: evitar la presencia de menores de edad, tanto niños como jóvenes, en estos establecimientos donde su seguridad puede estar en riesgo.
Durante la realización de estas actividades, se llevó a cabo una minuciosa verificación que confirmó que no había menores en las instalaciones. Paralelamente, se hicieron recomendaciones a los administradores de los casinos sobre la importancia de cumplir con las normativas vigentes. También se pusieron de manifiesto los riesgos que podrían conllevar la inobservancia de estas regulaciones, destacando las sanciones que podrían recibir si se encontraran incumpliendo la ley, en concordancia con las consideraciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad de los Ciudadanos, específicamente en la Ley de 2016. Este enfoque proactivo busca no solo sancionar, sino también prevenir la exposición de los menores a situaciones perjudiciales.
Además de la supervisión en los casinos, se llevó a cabo una importante labor de socialización en cuanto al funcionamiento de las líneas de atención del Instituto de Bienestar Social Colombiano (ICBF), que opera a través de la línea 141, y la Policía Nacional, disponible en el número 123. Estas líneas están diseñadas para atender y recibir información sobre cualquier situación que ponga en riesgo los derechos de los niños y su desarrollo saludable. La Policía Metropolitana, a través de estas iniciativas, hace un llamado a la comunidad para que se involucre activamente, informando sobre posible situaciones de riesgo que podrían afectar a la infancia. Estas acciones son una clara manifestación del compromiso institucional hacia la protección integral de los menores y la promoción de entornos seguros que favorezcan su desarrollo.
La participación y cooperación de la ciudadanía resultan esenciales para el éxito de estas estrategias. Es fundamental que todos comprendamos la importancia de proteger a nuestros niños y adolescentes, no solo a nivel institucional, sino también como un deber social. Por lo tanto, se hace un llamado a la responsabilidad compartida para garantizar que los espacios públicos sean seguros y que la infancia reciba el respeto y la protección que merece en todas sus facetas de desarrollo.
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