Una exhaustiva investigación judicial ha sacado a la luz un proceso penal que estuvo rodeado de engaños y malentendidos durante más de dos décadas. Este caso ha cobrado gran relevancia en el ámbito nacional, pues involucra a figuras emblemáticas de la extinta organización guerrillera Farc: Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, y Hernán Darío Velásquez, apodado El Paisa.
Recientemente, se ha hecho pública información sobre este proceso criminal, el cual había permanecido oculto durante más de veinte años. Los documentos y testimonios que han sido proporcionados a las autoridades revelan aspectos escalofriantes del caso, apuntando de manera directa a Iván Márquez y El Paisa, quienes son señalados como responsables del asesinato de Jorge Enrique Córdoba Peralta, un Ministro que se convirtió en objetivo durante los años de intensa violencia que azotó a Colombia, especialmente en la década de 1980, en el municipio de San Vicente del Caguán, localizado en el departamento de Caquetá.
Jorge Enrique Córdoba Peralta fue un político que se encontraba en medio de un panorama de creciente violencia dirigido hacia los líderes políticos y sociales durante los años noventa, un periodo marcado por la confrontación armada y los cruentos conflictos en diversas regiones del país. Este contexto es crucial para entender no solo el asesinato de Córdoba Peralta, sino también el clima de miedo e incertidumbre que prevalecía en ese entonces.
Contextualmente, el diálogo de Iván Márquez con otros líderes de Marquetalia se ubicaba dentro de las áreas urbanas, y el Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una demanda que arroja luz sobre la conspiración detrás de este asesinato. La evidencia reunida por las autoridades sugiere que el crimen fue diseñado y planificado directamente por Iván Márquez, con la ejecución llevada a cabo por El Paisa, quien en aquel momento lideraba una de las columnas móviles más temidas de las Farc, conocida como la columna móvil Teophyl.
La misma columna ha sido vinculada a otros actos de violencia notoria, incluyendo el ataque terrorista al Club El Nogal, un evento que dejó profundas cicatrices en la sociedad colombiana, así como el secuestro de miembros de una sesión parlamentaria que tuvo lugar en Vallen del Cauca. Estos actos reflejan un patrón de comportamiento violento y sistemático por parte de los miembros de la extinta guerrilla, que buscaban sembrar el terror y ejercer control sobre la población.
El descubrimiento de esta información no solo pone en una nueva perspectiva los eventos del pasado reciente del país, sino que también plantea preguntas sobre la justicia histórica y el manejo de estos casos por parte del sistema judicial colombiano. Muchos cuestionan qué medidas se están tomando para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y si se logra brindar un cierre a las víctimas y a la sociedad en general.
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